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Preservar
la vida de los niños y los jóvenes y mitigar los riesgos de ser afectados en
caso de accidentes y catástrofes es un asunto de fundamental importancia con el
que debe comprometerse la comunidad educativa.
Son
múltiples las amenazas que pueden presentarse. Las hay naturales, como los
sismos, las erupciones volcánicas, los derrumbes, los vendavales y las
inundaciones. En este sentido, Colombia, por su situación y sus características
geográficas, es un país que se encuentra sensiblemente expuesto a ellas. Pero
hay amenazas de otro tipo, como las que pueden ser provocadas por el hombre,
que se conocen como antrópicas, entre las que se encuentran los incendios y las
explosiones.
Los niños,
los jóvenes, los maestros y los demás integrantes de la comunidad educativa
pueden verse afectados por ellas. De ahí que las instituciones educativas,
siguiendo las recomendaciones del artículo 5, párrafo 10 de la Ley General de
Educación No. 115 de 1994, estén encargadas de desarrollar un proyecto de
prevención y atención de desastres, orientado a aminorar los riesgos, prevenir
y atender adecuadamente los desastres naturales y las emergencias cuando éstos
se presentan. Por otra parte, muchas veces los establecimientos educativos se
convierten en lugares de refugio de la población ante estas situaciones.
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